El Gobierno se está planteando rebajar e incluso a suprimir algunos de los nuevos gravámenes, que oscilan entre 50 y 800 euros. La defensora del Pueblo ha recomendado al ministro de Justicia en un informe abaratar las tasas en primera instancia civil y contencioso-administrativa, regularlas en función de la capacidad económica, y moderar las cuantías para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos judiciales. En concreto, en los procedimientos sancionadores y de ejecución hipotecaria, los de los recursos de suplicación y casación en el orden social, y los de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.

También se recomienda en este informe devolver el dinero en caso de que se rebajen o supriman las tasas a los y las que ya abonaron esas cantidades.